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Mientras el país entra en la recta definitiva de la campaña presidencial, el Congreso está a punto de aprobar una nueva arquitectura institucional para el campo. La discusión ya no es si Colombia necesita una justicia agraria; la verdadera pregunta es si estamos trasladando las decisiones sobre la propiedad rural desde los estrados judiciales hacia los despachos de la administración pública.

A pocos días de concluir el período legislativo, avanza el trámite de la ley que reglamentará la Jurisdicción Agraria y Rural. El tema, sin embargo, ha pasado casi inadvertido para la opinión pública, pese a que sus efectos se sentirán mucho después de que termine la actual contienda electoral.

La creación de una jurisdicción especializada no es, por sí misma, motivo de controversia. Colombia necesita jueces capacitados para resolver con celeridad y conocimiento técnico los conflictos sobre propiedad, posesión, formalización, deslindes y servidumbres.

Lo inquietante es que, mientras el Estado pone en marcha esta nueva jurisdicción, se fortalece de manera paralela el papel del Ejecutivo en la definición de los conflictos sobre la tierra, particularmente a través de las crecientes competencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Surge una contradicción elemental: si el propósito es fortalecer la justicia agraria, ¿por qué algunas de las decisiones más sensibles sobre la propiedad rural parecen desplazarse hacia la órbita administrativa?

La Jurisdicción Agraria, creada mediante el Acto Legislativo 03 de 2023 y desarrollada por la Ley Estatutaria 2570 de 2026, supone la creación gradual de tribunales y juzgados agrarios, equipos técnicos interdisciplinarios y una nueva estructura permanente dentro de la Rama Judicial. Estamos, sin duda, frente a una transformación institucional de gran alcance y con importantes compromisos presupuestales para el Estado.

Sin embargo, el debate no puede limitarse a la apertura de nuevos despachos judiciales. Paralelamente, la ANT viene consolidando un rol cada vez más determinante en procedimientos como la clarificación de la propiedad, recuperación de baldíos y definición de situaciones jurídicas sobre los predios. En otras palabras, mientras se instituye una judicatura especializada, también se amplían los márgenes de decisión administrativa sobre asuntos que históricamente han estado bajo la protección del juez, alterando el equilibrio entre la función administrativa y la jurisdiccional.

A ello se suma un componente aún más sensible: La expropiación por vía administrativa. La Constitución la contempla de manera excepcional por razones de utilidad pública o interés social, mediando una indemnización. Pero precisamente por tratarse de una facultad extraordinaria, cualquier desarrollo normativo debe estar rodeado de las máximas garantías y de una intervención judicial efectiva. La discusión no es si el Estado puede expropiar, esa posibilidad legal ya existe, sino hasta dónde llegan las facultades de la administración y qué tan sólidos serán los contrapesos para proteger el derecho de propiedad.

La seguridad jurídica no es una bandera exclusiva de los grandes propietarios. Es, ante todo, el principal patrimonio del pequeño campesino que espera la formalización de su parcela, del productor mediano que invierte y del empresario rural que genera empleo. La seguridad jurídica no es un obstáculo para la reforma rural; es la condición indispensable para que cualquier transformación sea legítima y sostenible.

Todo esto ocurre, además, en una coyuntura política imposible de ignorar. La reciente salida del director de la ANT, Felipe Harman, para incorporarse a la campaña presidencial de Iván Cepeda, confirma que la política de tierras dejó de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en uno de los ejes de la disputa por el poder. Y eso obliga a que las reglas institucionales que hoy se aprueban sean examinadas no desde la óptica del gobierno de turno, sino desde la perspectiva de cualquier gobierno futuro.

Por eso, esta discusión exige serenidad, profundidad y, sobre todo, visión de Estado. El verdadero debate que hoy se está incubando en el campo colombiano no es quién administrará la reforma agraria. La pregunta de fondo es mucho más trascendental: ¿seguirá siendo el juez el garante último de la propiedad rural o estaremos trasladando progresivamente esa responsabilidad a la administración?

Porque las campañas pasan, los gobiernos cambian y los funcionarios se reemplazan. Pero las instituciones permanecen. Y cuando se trata de la tierra, las reglas que se escriben para atender una coyuntura política suelen terminar definiendo el destino de varias generaciones.

 @lacoutu.

Nota final. El próximo 21 de junio ejerce tu derecho a elegir quién conducirá las riendas del Poder Ejecutivo en Colombia. No dejes que otros decidan por ti. Acude a las urnas y haz oír tu voz, porque las instituciones que hoy se construyen y las decisiones que marcarán el futuro del campo y del país dependerán, en buena medida, de la voluntad de los ciudadanos. En democracia, votar no es solo un derecho: es también una responsabilidad con las próximas generaciones.