JUSTICIA, NACIONALES

Los hechos recientes registrados en Chocó y Cauca, donde se presentaron una asonada contra una unidad militar y el hostigamiento a una estación de Policía, llevaron al Ministerio Público a fijar una posición jurídica sobre los límites de estas conductas, igualmente anunció seguimiento a la respuesta institucional y advirtió que, aun bajo presión de grupos armados, impedir la actuación de la Fuerza Pública tiene consecuencias penales.

Valledupar, 22 de diciembre de 2025. Los hechos registrados en Carmen de Atrato (Chocó) y Suárez (Cauca), donde se presentaron una asonada contra una unidad militar y el hostigamiento a una estación de Policía, llevaron a la Procuraduría General de la Nación a fijar una posición jurídica frente a este tipo de acciones, que —según el organismo— afectan tanto la seguridad territorial como el ejercicio legítimo de la autoridad.

Desde el Ministerio Público se advirtió que estos episodios no pueden analizarse únicamente como expresiones de tensión social, en la medida en que restringen la movilidad y operación de la Fuerza Pública, elevan los riesgos de orden público y comprometen la respuesta del Estado ante eventuales emergencias.

En ese contexto, el procurador general Gregorio Eljach Pacheco enfatizó que los integrantes de la Fuerza Pública son sujetos de especial protección constitucional y que su labor exige condiciones mínimas de dignidad y seguridad. “Es imperativo que se respeten los derechos fundamentales de policías y militares en todo el país”, afirmó.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la advertencia sobre la instrumentalización de comunidades por parte de grupos armados ilegales en bloqueos, asonadas y restricciones a la movilidad de soldados y policías, y aunque reconoció que en muchos casos existen presiones externas, el jefe del Ministerio Público puntualizó que “es importante recordarles que sus acciones constituyen un actuar delictivo”.

El impacto institucional de estas prácticas también fue objeto de cuestionamiento. A juicio del procurador Eljach Pacheco, “es inadmisible que quienes dedican su vida a defender a la población terminen sometidos a acciones que deslegitiman su quehacer, poniendo en riesgo cualquier eventualidad de orden público”.

Durante su pronunciamiento, destacó además la conducta de los uniformados frente a estos escenarios, al señalar que “hacen prevalecer siempre el derecho a la vida y la honra de cada colombiano, a pesar del atropello que sufren”.

Finalmente, la Procuraduría anunció que ejercerá seguimiento permanente a la respuesta de las autoridades en las regiones donde este fenómeno se presenta con mayor recurrencia y reiteró su llamado a adoptar medidas prioritarias que permitan proteger simultáneamente a la población civil y a la Fuerza Pública.