JUSTICIA, NACIONALES

El Ministerio Público investigará si en los bombardeos y acciones contra estructuras armadas secumplieron los principios de precaución, humanidad y proporcionalidad, tras la muerte de al menos quince menores de edad.

Valledupar, 19 de noviembre de 2025.- La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de cinco indagaciones preliminares de oficio para establecer si, durante las recientes operaciones militares adelantadas contra grupos armados ilegales, se habrían cometido infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El organismo de control explicó que la decisión surge ante la información según la cual al menos quince menores de edad murieron en medio de estas acciones, un hecho que exige —según la entidad— un examen exhaustivo, riguroso y objetivo.

Las investigaciones se enfocarán en determinar si las Fuerzas Militares observaron los principios que rigen la conducción de hostilidades bajo el DIH, particularmente los de precaución, humanidad y proporcionalidad, con el fin de establecer si las operaciones se ajustaron a los estándares nacionales e internacionales que regulan el uso de la fuerza en contextos de conflicto armado.

La Procuraduría recordó que el reclutamiento y la utilización de menores por parte de grupos armados ilegales constituye un grave crimen internacional, no susceptible de amnistía y rechazado tanto por la legislación colombiana como por la comunidad internacional.

Señaló además que las organizaciones criminales “no tienen justificación alguna para vincular niños, niñas y adolescentes a actividades de guerra”.

El Ministerio Público enfatizó que el DIH reconoce la facultad de las Fuerzas Militares de adelantar operaciones ofensivas, incluidos bombardeos, contra objetivos legítimos conformados por combatientes, incluso cuando entre ellos hay menores reclutados ilícitamente.

No obstante, subrayó que este tipo de acciones exige una observancia estricta de los principios de precaución y proporcionalidad, así como la adopción de todas las medidas posibles para minimizar el daño a la población especialmente protegida.