ECONOMICAS, REGIONALES

El llamado más insistente de las organizaciones se centró en la Región Caribe, donde la incertidumbre sobre el operador del servicio mantiene en alerta a usuarios y autoridades locales. Piden definir el esquema de prestación antes de que la situación derive en un nuevo desequilibrio territorial.

Valledupar, 6 de noviembre de 2025.- Un bloque de 15 asociaciones del sector energético elevó una señal de alarma sobre la situación financiera del sistema y pidió al Gobierno nacional adoptar decisiones inmediatas antes de avanzar en el trámite del proyecto de “Regulación Justa” en el Congreso.

Las organizaciones consideran que la discusión legislativa llegó en un momento crítico, cuando los comercializadores acumulan deudas por recuperar que superan los seis billones de pesos, presionando la prestación del servicio en varias regiones del país.

El pronunciamiento, dirigido al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y a las comisiones económicas, plantea que cualquier reforma debe partir de un diagnóstico transparente de las cuentas del sector. Según las asociaciones, un punto urgente es la disponibilidad de recursos para cubrir los subsidios de energía y gas, cuya deuda acumulada cercana a los 2,8 billones de pesos, preocupa por su efecto sobre la estabilidad de los prestadores.

Otro elemento que piden resolver con prioridad es la definición del esquema bajo el cual operará el servicio en la Región Caribe. Los gremios señalan que la incertidumbre alrededor de Air-e y la eventual entrada de nuevos agentes puede ampliar o reducir los riesgos sistémicos, por lo que solicitan lineamientos claros antes de la aprobación de cualquier norma estructural.

También solicitaron que se cumpla el anuncio presidencial de 2024 sobre asumir los saldos relacionados con la opción tarifaria, medida que —según explican— aliviaría tensiones históricas para los comercializadores y mitigaría impactos en los usuarios regulados.

Asimismo, propusieron conformar un grupo técnico independiente que acompañe la revisión integral de las reformas. Aseguran que la transición energética, la infraestructura de respaldo y los procesos de expansión requieren evaluaciones basadas en evidencia, y no solo en debates legislativos acelerados.

Finalmente, el sector insiste en que el país necesita consensos sólidos para enfrentar los desafíos de cobertura, tarifas y confiabilidad. “Cualquier decisión que se tome en este contexto debe evitar agravar la situación financiera actual y proteger al usuario final”, concluyeron.