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La decisión, sustentada en informes técnicos y visitas de inspección, obliga a Invías y al Ministerio de Transporte a instalar cerramientos y señalización antes de 45 días. La estructura, pese a su abandono, sigue siendo utilizada por peatones, motociclistas y vehículos de tracción animal.

Valledupar, 27 de octubre de 2024- A través de una medida cautelar urgente, el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó cerrar el antiguo Puente Pumarejo ante el deterioro progresivo de su infraestructura y el riesgo que representa para quienes aún lo transitan. La decisión fue adoptada dentro de una acción popular promovida por la Personería Distrital de Barranquilla, que alertó sobre el abandono de la estructura desde la entrada en funcionamiento del nuevo puente.

La magistrada Carmen Rosa Lorduy González, ponente del auto, señaló que “el puente presenta un gran estado de deterioro, resultando inexistente en algunos tramos la barrera de contención, lo que configura un inminente peligro para los transeúntes”. De acuerdo con este acto de trámite, el Invías y el Ministerio de Transporte disponen de 45 días para instalar cerramientos en ambos extremos del puente, así como señalización visible que advierta su clausura.

Pese a que fue dado de baja tras la inauguración del nuevo viaducto en 2020, el tribunal evidenció que la antigua estructura continúa siendo empleada por motocicletas, bicicletas, peatones e incluso vehículos de tracción animal, sin vigilancia ni control.

Esta situación fue corroborada por una visita técnica de la Personería, que también documentó fracturas, pérdida de elementos de contención y hurtos de componentes metálicos. El Tribunal vinculó al proceso a 11 entidades nacionales y territoriales, entre ellas ANI, ANLA, Dimar, Cormagdalena, la UNGRD, las gobernaciones de Atlántico y Magdalena, el Distrito de Barranquilla y la Universidad Nacional, con el fin de establecer responsabilidades institucionales y medidas de mitigación.

Aunque la Personería solicitó una demolición preventiva, el tribunal consideró que “no existe evidencia técnica que indique un riesgo de colapso inminente”, por lo que descartó esa posibilidad en esta etapa del proceso.

Finalmente, se ordenó la publicación de la admisión de la demanda en medios regionales y se abrió la posibilidad de coadyuvancia ciudadana, mientras se surte el debate de fondo sobre el futuro del puente. Para el despacho, se trata de un asunto de seguridad pública, pero también de control preventivo del patrimonio estatal.