GOBIERNO, JUDICIALES, NACIONALES

El exfuncionario, prófugo de la justicia y cercano al presidente Gustavo Petro, habría obtenido residencia en Nicaragua con apoyo de la Embajada de Colombia en ese país, el mismo día en que la Fiscalía le imputó cargos por corrupción.

Valledupar, 14 de agosto de 2025.- Un nuevo escándalo sacude al Gobierno de Gustavo Petro. Noticias RCN reveló los documentos que demostrarían que la Embajada de Colombia en Nicaragua y la Cancillería facilitaron la renovación de la residencia en ese país a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, uno de los hombres más cercanos al presidente, y actualmente prófugo de la justicia.

La gestión se habría realizado el 21 de mayo de 2025, fecha en la que la Fiscalía imputó a González por cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.

Según la investigación periodística, el trámite fue solicitado por la representación diplomática colombiana, beneficiando al exfuncionario pese a que existía una orden de captura en su contra.

De acuerdo con los documentos divulgados, González reside en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024, y su cédula de residencia expedida por ese país el 16 de diciembre pasado debía renovarse en junio de 2025.

La renovación fue tramitada oficialmente por el Gobierno colombiano, incluso cuando González era señalado como uno de los cabecillas del entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

La revelación ha generado fuertes reacciones políticas. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, anunció que interpondrá una denuncia penal contra la entonces canciller Laura Sarabia y contra los funcionarios de la embajada en Nicaragua, por los delitos de fraude a resolución judicial y prevaricato.

“El 21 de mayo, el señor Carlos Ramón González fue imputado por la justicia, y la canciller de entonces permitió que recibiera ayuda del Gobierno para evadir la justicia en Colombia”, señaló Briceño.

Pese a que la Fiscalía y la Policía de Colombia tienen vigente una orden de captura contra Carlos Ramón González por su presunta participación como uno de los principales responsables del escándalo de la UNGRD, su detención fuera del país sigue condicionada a un trámite pendiente ante Interpol.

El 4 de julio, el ente acusador solicitó formalmente a la organización internacional la expedición de una circular roja que habilite su arresto en cualquiera de los más de 190 países miembros. No obstante, más de un mes después, la sede central de Interpol aún no ha emitido respuesta.