María Fernanda Cabal denunció una persecución política orquestada por el gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía, tras la apertura de investigaciones en su contra y otros líderes opositores. La senadora advirtió sobre el peligro que corre la libertad de expresión y la democracia en Colombia.
Barranquilla, 1 de octubre de 2024.- En lo que podría marcar un antes y un después en la política colombiana, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones criminales contra varios líderes de la oposición, entre ellos la senadora María Fernanda Cabal, el expresidente Álvaro Uribe y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Este movimiento, calificado por Cabal como un intento de «silenciar» a quienes critican al Gobierno de Gustavo Petro, ha desatado una tormenta política que pone en tela de juicio las libertades fundamentales del país.
«El gobierno Petro se inventó el delito de opinión para emprender una persecución en mi contra. Hoy quieren callarme a mí, pero después irán por cualquiera que ejerza la oposición», advirtió la senadora en un explosivo mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter). “Mi compromiso y mi deber es con una nación que merece libertad. ¡No me callarán!».
En un video difundido en sus redes sociales, Cabal profundizó en sus críticas, afirmando que el gobierno está implementando tácticas autoritarias para silenciar a los críticos. Comparó estas acciones con las de regímenes dictatoriales, argumentando que el gobierno de Petro está siguiendo un camino peligroso para la democracia.
«El gobierno de Gustavo Petro ha emprendido una persecución en contra de la oposición y quiere silenciarme. Pero no me están atacando solamente a mí, sino a cada uno de los colombianos que está viendo este video y sabe que nuestra democracia está en peligro», declaró la senadora.
La referencia a la creación de un «delito de opinión» es particularmente preocupante para Cabal y sus aliados políticos. En su discurso, acusó al gobierno de copiar las prácticas de dictaduras, afirmando que se pretende impedir que los opositores denuncien las fallas del actual gobierno.
En este sentido, afirmó: «Se inventaron el delito de opinión copiando a las peores dictaduras del mundo, creyendo que van a impedir que hable por quienes hoy sufren las consecuencias del peor gobierno de la historia».
Un golpe a la libertad de expresión
Para la senadora, este ataque no es solo personal, sino que afecta a todos aquellos que critican al gobierno de Petro. Cabal insistió en que la libertad de expresión está bajo amenaza, y exhortó a los ciudadanos a no permanecer en silencio.
«Que les quede claro, no me van a callar. Mi compromiso es con los ciudadanos en defensa de una nación que no vamos a perder. Hoy más que nunca los invito a expresarse libremente, porque un país donde la gente calla por miedo es un país perdido», enfatizó.
Las acusaciones de Cabal no se limitaron a su persona. En su intervención, también estableció un paralelismo histórico con el fascismo, aseverando que el gobierno de Petro está adoptando tácticas similares a las empleadas por regímenes totalitarios del pasado.
«Así como el fascismo alemán que tanto le gusta a Petro hizo con todo aquel que se opusiera a su barbarie, hoy el gobierno que llamaron del ‘cambio’ pretende hacerlo contra quienes en nuestro derecho de oposición denunciamos y dejamos en evidencia la corrupción de un sistema comunista en el poder», manifestó.
Respaldo del Centro Democrático
El partido Centro Democrático, al cual pertenece Cabal, también ha salido en su defensa y ha emitido comunicados rechazando lo que consideran una campaña de hostigamiento hacia la oposición.
En su declaración, el partido destacó que esta persecución no solo afecta a la senadora Cabal, sino también a otros líderes opositores como el expresidente Álvaro Uribe. Además, señalaron al sistema de medios públicos de Colombia, RTVC, como una herramienta utilizada por el gobierno para atacar a la oposición.
El Centro Democrático cuestionó el uso de recursos públicos para financiar lo que calificaron como un «pseudo periodismo», dirigido desde RTVC bajo la gestión de Hollman Morris, un aliado cercano del presidente Petro.
Según el partido, los medios estatales se han convertido en una plataforma de propaganda del gobierno, atacando a figuras opositoras y distorsionando la realidad política del país.
El papel de Hollman Morris y RTVC
Las críticas hacia Hollman Morris, quien desde abril de 2024 es el gerente de RTVC, no son nuevas. Según reportes de medios como El País (España), Morris ha sido acusado de utilizar los medios públicos como herramientas políticas al servicio del gobierno de Petro. Durante su gestión, ha impulsado cambios editoriales que, según algunos, priorizan la promoción del gobierno y relegan temas culturales y educativos.
Morris ha sido enfático en sus declaraciones, señalando que los grandes medios de comunicación en Colombia actúan como una oposición a Petro. En una entrevista reciente con La W, afirmó que los medios privados están ambientando un golpe de Estado blando contra el presidente, una afirmación que ha generado controversia.
Además, Morris ha enfrentado denuncias internas por acoso laboral dentro de RTVC, presentadas por dos exdirectoras de los canales Señal Colombia y Señal Institucional, quienes renunciaron alegando hostigamiento. Aunque las denuncias fueron cerradas por el Comité de Convivencia de RTVC, la situación ha dejado una sombra sobre la gestión de Morris.
La decisión de la Fiscalía de abrir una investigación de oficio contra Cabal y otros líderes opositores ha generado inquietud sobre el futuro de la democracia en Colombia.
Mientras el gobierno defiende la investigación como una respuesta legítima a los discursos de odio y la estigmatización de los periodistas y medios de comunicación, la oposición la considera una táctica para silenciar a los críticos del régimen.
Una respuesta
Investigación de la fiscalía: “respuesta legítima los discursos de odio y la estigmatización de los periodistas y medios de comunicación” ¿… ? La falsedad y descaro tanto del gobierno como de la fiscalía y de un medio de comunicación estatal que debe limitarse a la divulgación cultural y a la información sin colores no tienen precedentes en país democrático alguno.